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Ultima Actualización: 9-07-2020

Declaración pública sobre proyecto de ley del retiro del 10% de ahorros previsionales

En relación a la votación de la Cámara de Diputados, en la cual se aprobó la idea de legislar un proyecto de reforma constitucional que permitiría a los afiliados retirar el 10% de su ahorro previsional, adjuntamos nuestra declaración pública.

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Santiago, 08 de julio de 2020

La votación de la Cámara de Diputados, en la cual se aprobó la idea de legislar un proyecto de reforma constitucional que permitiría a los afiliados retirar el 10% de su ahorro previsional, solo puede ser considerada como un error histórico ya que dejará en una situación de preocupante vulnerabilidad previsional a un porcentaje relevante de la población. En efecto, el proyecto, al contemplar retiros monetarios mínimos y máximos, permitiría que la mayoría de los afiliados puedan retirar montos superiores a ese límite, incluso hasta el 100% de su ahorro para 3 millones de afiliados.

Si bien aún están pendientes instancias legislativas adicionales para transformarse en ley, de materializarse, esta reforma constitucional implicará no solo un daño futuro a las pensiones de millones de afiliados, sino también un duro golpe a las futuras generaciones que deberán financiar las pensiones de quienes hoy retiren sus ahorros. 

Como es de público conocimiento, el gobierno propuso un programa de ayuda evidentemente superior a la propuesta de retiro de fondos, y pese a lo anterior, la de hoy fue una votación ideológica y populista que no considera el impacto en las personas que los impulsores de este proyecto dicen ayudar. La propuesta dada a conocer por el ministro Ignacio Briones permite a las personas de clase media recibir $2,6 millones, mientras que con el retiro de fondos menos del 10% de los 11 millones de afiliados podrían retirar ese monto. Es decir, al 90% de las personas se les está entregando una peor opción.

Entendemos perfectamente las necesidades de miles de familias que han perdido sus empleos, han visto afectados sus ingresos y tienen necesidades económicas reales de corto plazo. Por lo mismo es que la responsabilidad del mundo político y las autoridades gubernamentales es analizar cuáles son los instrumentos y políticas públicas que permitan proporcionar -de la mejor manera posible- los apoyos requeridos para solucionar estos problemas transitorios mientras se generan las condiciones necesarias para la oportuna reactivación de la actividad económica y del empleo.

Si bien el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados puede traducirse en una ayuda a quienes lo necesitan, tiene la distorsión de que los principales favorecidos serán precisamente quienes menos necesitan de la ayuda, haciéndolo claramente regresivo. Lo anterior deja en evidencia que el proyecto de retiro de fondos, a diferencia de lo que se ha intentado hacer creer a la opinión pública, no busca ayudar a las personas necesitadas, si no destruir el sistema previsional sin importar el costo que eso signifique para las personas y para el país.

El retiro de fondos abre una puerta cuyas consecuencias de mediano y largo plazo son perjudiciales e innecesarias al tener disponible mejores alternativas, planteando un dilema que polariza a la sociedad ante una definición trascendental como la de disponer del ahorro previsional para un fin diferente al definido.